de GUILLERMO LUNA GONZÁLEZ.

El pasado 30 de enero, tras el Consejo de Ministros, salía a la luz la nueva reforma educativa elaborada por el ministro Wert. Esta vez se trataba de una modificación del plan de estudios universitarios, algo que hasta el momento no había sufrido ningún cambio (al margen queda el asunto de las tasas). Si bien resulta novedoso el foco de la reforma, no lo es tanto la forma de ejecutar la misma. Ni más ni menos que mediante decreto legislativo, lo que viene siendo ya una costumbre en el Gobierno de Mariano Rajoy.

La reforma universitaria no ha pillado a la ciudadanía de nuevas, pues sobre esta cuestión se venía hablando, no precisamente muy bien, desde hace unos cuantos meses. En efecto, el conocido como «sistema 3+2» ha estado recibiendo infinidad de críticas por parte de estudiantes, profesores y rectores universitarios desde que salió a la luz la idea de su implantación. Pero veamos en qué consiste esta reforma y cuáles son sus diferencias con el sistema de grados actual.

Desde la llegada del plan Bolonia, el sistema universitario se constituye de una serie de grados, carreras como se conoce coloquialmente, que tienen una duración de cuatro años (al margen quedan los dobles grados a los que hay que añadir un año más) . Al finalizar ese periodo de tiempo y conseguir el título universitario, conocido como Graduación (los estudiantes ya no se licencian como en antaño), puedes optar por sumergirte en el mercado laboral y, si hay suerte, encontrar un trabajo acorde a la materia estudiada, o bien iniciar un año de máster con el objetivo de profundizar aún más tus conocimientos. Esta opción, aparentemente más razonable, solo es escogida por el 20% de los estudiantes. Puede parecer que el 80% restante prefiere empezar a trabajar, pues consideran que su formación está ya terminada. Pero teniendo en cuenta que las empresas solicitan en la mayoría de los casos haber cursado un máster y que en tiempos de crisis, como el que vivimos actualmente en España, los puestos de trabajo no son muy abundantes, las cifras no cuadran. ¿A qué se debe entonces ese bajo porcentaje de estudiantes que cursan másteres? Simple y llanamente se debe a las desorbitadas cuantías económicas que requieren sus matrículas (entre 3000 y 12000 euros anuales).

Este sistema de cuatro años de grado más uno de máster es el que el ministro Wert quiere cambiar por uno de tres años de grado más dos de máster alegando que de esta forma el estudiante paga menos tasas (al ser un año menos de grado) y puede incorporarse más pronto al mundo laboral, pues los másteres no son obligatorios y, por lo tanto, no es necesario pagar esas escalofriantes cifras mencionadas anteriormente. Descrito así parece que la nueva reforma educativa es beneficiosa para el estudiantado, pero cuando ha recibido tantas críticas y, finalmente, ha sido aplazada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), es que existe un trasfondo no tan positivo como se presenta por parte del Gobierno.

En efecto, actualmente un estudiante sin máster es considerado «insuficientemente preparado» para ocupar un puesto de trabajo acorde a su formación universitaria, lo que le obliga indirectamente a cursarlo. Como hemos visto, esta decisión supone un fuerte desembolso económico. Por lo tanto, si en vez de un año de máster, te «obligan» (entre comillas pues a priori nadie te lo impone, pero de forma indirecta sí lo hacen las empresas que te contratan) a cursar dos años de postgrado, el gasto total se duplica. Además, las becas que permiten estudiar en la universidad a miles de estudiantes solamente se aplican a los años de grado, por lo que al tener un año menos de graduación, las ayudas económicas recibidas, que de por sí ya eran estaban muy mermadas en los últimos años, se reducen aún más.

En definitiva, el «sistema 3+2» que ha querido implantar el ministro Wert supone un ataque en toda regla al mundo universitario. Enfoca el acceso a las universidades a las clases con mayor poder adquisitivo y priva de ello a los jóvenes con mayores problemas económicos. Afortunadamente, este lunes en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ha aprobado el aplazamiento de este sistema hasta el curso 2017/2018 por 57 votos a favor, 5 abstenciones y uno en contra (curiosamente las abstenciones y la oposición proceden de seis universidades privadas, las cuales no salen perjudicadas con la reforma).

Con esta decisión de la CRUE se consigue, al menos, prorrogar este ataque a la educación pública universitaria durante dos años, tiempo suficiente para que entre en Moncloa otro Gobierno y derogue este decreto. Algo a lo que la sociedad ya está acostumbrada, pues desde la entrada en vigor de la primera Ley General de Educación en 1970 instaurada por el entonces dictador de España, Francisco Franco, se han sucedido siete reformas educativas (nueve si contamos el intento fallido de Aznar en el 2002 y esta impuesta por Wert que se encuentra en «stand by»).

Por el momento, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga de 48 horas para los días 25 y 26 de febrero con manifestaciones en varias ciudades españolas con el objetivo de no solo aplazar la reforma del 3+2, sino llegar a derogarla. Al menos los estudiantes universitarios pueden estar contentos al contar con el apoyo de sus rectores. No se puede decir lo mismo del Gobierno, por mucho que el presidente Rajoy se empeñe en afirmar que él gobierna para todos los españoles. La educación debe ser la excepción que marca la regla.