de ÁLVARO CARREÑO GUADAÑO.

Damos un repaso a las principales motivaciones de la Jornada de huelga general en el ámbito de la educación para el 24 de marzo.

La educación ha sido siempre un tema espinoso en la España democrática. Conocemos a la perfección y asumimos como propio del “modelo educativo español” la temporalidad y parcialidad de las políticas educativas afrontadas por los diversos gobiernos centrales desde 1975 y hasta la actualidad. Los españoles tenemos interiorizado que cada cambio de gobierno suele acarrear el cambio de las reglas por las que se rige el juego en el ámbito de la escuela, el instituto y la universidad. Además de eso, la eterna crisis económica sigue afectando al día a día de la práctica docente y a los millones de alumnos del país a todos los niveles educativos, recortes y más recortes que inciden cada vez más profundamente en los cimientos de nuestro futuro desarrollo. Pero además estamos en año electoral, y los españoles también conocemos que significa eso: Promesas, planes, programas, anuncios, mítines, encuentros con profesionales, diálogos, peticiones… Marasmo de ideas que unidas a las anteriores características hace que el panorama educativo siga presentando unos oscuros y amenazantes nubarrones.

…LOMCE, becarios contra interinos, privatizaciones, enfrentamientos lingüísticos, el decreto 3+2, degradación de la FP, elevación de las tasas, bilingüismo a la carta, la religión en las aulas, supresión de plazas públicas, ataque a los salarios docentes, dificultades para la formación del profesorado, eliminación de becas, oposiciones injustas e ineficaces, ataques contra la atención a la diversidad y la equidad en las aulas, conciertos peculiares…

Muchos temas, unos nuevos y otros viejos conocidos ya por la mayoría que hoy 24 de marzo hace parar de nuevo a la comunidad educativa, en el marco de unos días de reivindicación por parte de la enseñanza pública. Convocatorias a la huelga por parte de los sindicatos educativos mayoritarios (CCOO, CSI-F, UGT, ANPE o CGT entre otros) a nivel nacional y desde la educación infantil hasta la universidad. Parece que desde la totalidad de las provincias españolas se espera que tanto las familias, los docentes, los alumnos como el resto de agentes sociales preocupados por el futuro educativo del país, salgan a la calle en torno a las 18:00 horas para pedir cambios inmediatos en los principales puntales de la política formativa del actual gobierno de Mariano Rajoy.

La LOMCE sigue siendo el principal escollo entre el gobierno y gran parte de la comunidad educativa. La polémica LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA desde su nacimiento mismo parece que no contentó a nadie. El proyecto personal del Ministro de Educación José Ignacio Wert encarna el nulo debate y entendimiento entre las partes, y su final aprobación el 28 de noviembre de 2013 no hace más que infectar la herida abierta que siempre ha sido en España la política educativa. La vuelta de la religión católica a las aulas con carga académica y computable para el expediente y la petición de becas o ayudas, la creación de una formación profesional básica para los provenientes del fracaso escolar, el endurecimiento y desencuentro entre los gobiernos de Madrid, Barcelona y Vitoria por la enseñanza del euskera y el catalán en las aulas, la implantación de un supuesto plurilingüismo sustentado en los controvertidos “expertos extranjeros” no docentes, las famosas pruebas de evaluación final para superar la ESO y el Bachillerato o el cambio de la importancia dentro del equipo directivo frente al Consejo Escolar son algunas de las medidas de la ya conocida como Ley Wert que siguen de rabiosa actualidad.

La universidad también es territorio vedado para el ministro. Su reforma universitaria, sustentada en la mayoría absoluta parlamentaria a golpe de Real Decreto ya ha dado muestras del divorcio total entre el ámbito universitario público y el ministerio. El Sindicato de Estudiantes (SE) ya ha amenazado al gobierno con futuros paros si no se sienta a negociar unas reformas que se centralizan en el llamado DECRETO 3+2, por el cual se pretende homologar el sistema de grados españoles (Modificado ya por el modelo Bolonia en el gobierno socialista para adaptar las licenciaturas y diplomaturas a los grados europeos) con el resto de la UE, creando grados básicos de tres años con la necesidad y casi obligatoriedad de cursar un máster de especialidad, de dos años y a un precio desorbitado. De nuevo parece que el modelo no es el error, su escollo principal es el afán recaudatorio a través de unos precios públicos y tasas que encarecen brutalmente los estudios superiores en España, si lo comparamos con países europeos vecinos, como Francia, en el cual el máster en la universidad pública se encuentra entre 200 y 300 euros. Si a esto le añadimos el casi total abandono de los programas de movilidad educativa europea, la nueva política de becas, el despido de docentes y personal universitario o la supresión de estudios no rentables… Parece que los campus universitarios españoles no van a ser escenarios propicios al entendimiento con un gobierno continuamente de espaldas.

Las aulas de educación infantil y primaria son también caldo de cultivo propicio para la huelga. Los recortes y la LOMCE atacan duramente la base de nuestro sistema educativo, a unos profesores atenazados por descensos salariales, precariedad laboral y una carga de trabajo cada vez mayor. Las ratios aumentan y los maestros faltan. Cada vez más niños en las aulas, pero menos personal docente para atender realidades cada vez más complejas y acuciantes. Se han reducido hasta casi desaparecer en muchas comunidades autónomas la figura de los profesionales de la educación especial, las famosas siglas PT y AL, que no son otra cosa que maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, apoyos momentáneos para el profesorado en las aulas y antiguos garantes de la atención a la diversidad y la lucha por la equidad en todos los niveles educativos. Este mes de febrero se agravaba esta situación, cuando nos enterábamos de que el gobierno había aprobado un programa por el cual se ofertaban prácticas como becario a unos 2000 recién titulados de buen expediente, para hacer prácticas en las aulas de centros públicos y en el ámbito de la educación especial. La comunidad educativa y los sindicatos se echaron las manos a la cabeza y culparon a Wert de querer sustituir a los miles de maestros recortados durante estos últimos años por estos becarios durante siete meses y cobrando mil euros mensuales, en lo que se entiende como otro nuevo ataque contra el empleo público de calidad. Medidas presentadas a hurtadillas, por la puerta de atrás y que por los cambios de la ley, no hacía falta que fueran debatidas por el personal de los centros, pues se trata de una decisión directa de los directores de los centros públicos. Las quejas y desafecto de los profesionales se hicieron sentir de manera modesta, por eso esta huelga de hoy puede ser una buena oportunidad para mostrar la disconformidad con esta sorprendente medida.

Los institutos tradicionalmente han sido terrenos más propicios para las huelgas que las escuelas de infantil o primaria, y de nuevo para esta del 24 de marzo, no les sobran motivos. Aulas atestadas de alumnos, la falta de personal y medios en una etapa educativa muy especial, profesorado atenazado y culpado por todos los ámbitos del fracaso escolar y las carencias de la educación de nuestros jóvenes, el ya reiterado problema de la religión, la constatación del fracaso de la inmersión forzosa del sistema bilingüe y las temidas pruebas finales… Todo además con grandes dosis de inquietud y escepticismo, pues aunque bien es cierto que la LOMCE ha sido aprobada y debería entrar en las aulas de secundaria y bachillerato a partir del curso 2015-2016, parece que puede retrasarse su implantación en currículos hasta 2016-2017 si el ministerio hace caso a las peticiones de los equipos directivos, asustados ante el caos de tener que implantar las reformas en las aulas a matacaballo y con la posibilidad de no estar vigentes apenas un curso escolar, pues recordemos que las elecciones generales y su posible cambio de gobierno, está muy cerca.

Los interinos y opositores también claman por unos cambios que afectan a su futuro. Los interinos asustados por su situación, en un limbo cada vez más inseguro y precario, en terreno de nadie, y siendo el grano incómodo para muchas administraciones, que en un sinfín de ocasiones ha mostrado su querencia por acabar de un plumazo con parte de este personal cualificado y profesional. El último susto en este sentido llegó desde el gobierno foral de Navarra hace unos días, cuando tras la publicación de las bases y requisitos para la oferta de empleo público de este curso, tanto opositores como interinos veían como para poder presentarse a las pruebas de oposición se debía acreditar un nivel en lengua inglesa C1, algo que más del 90% de los aspirantes no tiene posibilidad de presentar antes de junio, bien por no tener ese nivel idiomático o bien por no tener un título válido y que así lo acredite para el gobierno de Pamplona. Los sindicatos se negaron en rotundo a esta especifidad, a la que tildó de “atropello” y piensan impugnar las oposiciones si el ejecutivo no echa marcha atrás en esta polémica. Este hecho muestra la inseguridad y la ansiedad del ingente cuerpo de interinos de la educación pública española, en manos de cada gobierno autonómico y a merced de cada uno de los cambios o medidas de turno, que en muchos casos van dedicados a reducir la incómoda presencia de los mismos en unas bolsas que no hacen más de crecer ante las pocas plazas ofertadas.

Y a esto se unen el resto de opositores, los que están por presentarse por primera vez a uno de estos procesos, o los que ya se han presentado pero no han aprobado los procesos selectivos diseñados por cada comunidad autónoma. Esta es una de las principales quejas frente a las oposiciones: Las diferencias e injusticias derivadas de un concurso público, que debería ser equitativo y más universalizante, a la vez que se discute sobre su viabilidad y su formación y constatación real del nivel de los docentes ante una prueba tan arcaica. Cada comunidad autónoma decide sobre su modo de selección, su tipo de examen, sus sedes, sus fechas, sus requisitos, su forma de matrícula y pago… Cada región española es un mundo, más cuando se desprende que los intereses por esta diferenciación muchas veces va hacia esquilmar a los opositores: La bochornosa y avergonzante realidad de las famosas academias de oposiciones y sus excesos y concubinato con las administraciones, las tardías publicaciones de convocatorias y temarios, los precios públicos de examen, la extraña coincidencia de varios procesos selectivos en diversas autonomías el mismo fin de semana… Sumado al cada vez mayor utopismo de conseguir el objetivo de la plaza en un contexto nada halagüeño.

Hoy, 24 de marzo de 2015, la comunidad educativa está llamada a la huelga. Del seguimiento y los resultados de la misma nos enteraremos en los próximos días. Las manifestaciones que recorrerán las principales ciudades españolas giran de nuevo sus ojos a las calles de Madrid, que desde la Plaza de Cánovas del Castillo y hasta el Ministerio de Educación en la Calle Alcalá busca hacer ver a un cada vez más esquivo gobierno, que la realidad de sus estudiantes, sus maestros, sus familias, sus profesores, sus sindicatos y su sociedad toda es otra muy distinta a la que se legisla desde Moncloa a golpe de decreto, incomunicación, oídos sordos y continua confrontación.