Manuela Carmena y Esperanza Aguirre: alcaldías comparadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de PIERTONI RUSSO.

Manuela Carmena, 71 años, ex-jueza, suele subrayar que lo importante es acabar con la manera de gobernar con una autoridad vertical. Considera que los ciudadanos deben ser protagonistas activos en el gobierno de su ciudad, pudiendo decidir cada día y no solo cada cuatro años, cuando haya elecciones.

“El monumento del abrazo en Antón Martín debería ser el emblema de una ciudad reunida en un abrazo”, donde “se acabe con la sumisión que tienen los ciudadanos, que en este momento tienen la sensación de no poder hacer nada”. La candidata a la alcaldía de Ahora Madrid recuerda que va en contra de la democracia hacer creer a la gente no poder cambiar las cosas, y que “es tremendo hasta donde hemos pervertido la democracia”. El desafió de Carmena es convencer a la sociedad de que el pesimismo es reaccionario y que todavía tenemos el poder de cambiar las cosas, acabando con el desprecio a los ciudadanos y a lo público.

“Madrid es una ciudad innovadora” – dice Manuela – “pero su ayuntamiento actual no lo es. Su única prioridad ha sido siempre privatizar”. La jueza quiere concebir una gestión pública de los servicios (por ejemplo, el servicio de limpieza) y evitar que todo – ante todos los sectores de sanidad y educación – se conviertan en privados y/o concertados.

Carmena recuerda que Madrid tiene 30.000 funcionarios públicos que pueden dar un servicio enorme para la ciudad. Lo importante es que se den a los funcionarios las herramientas para poder trabajar correctamente y diligentemente. Además, el ayuntamiento debería cumplir controles eficaces para verificar que los funcionarios efectivamente desarrollan su trabajo. Seguramente, el número de funcionarios de la capital española es enorme, y un trabajo eficiente de cada uno de ellos, sería suficiente para mejorar considerablemente la calidad de los servicios de la ciudad.

La jueza –reflexionando sobre las medidas tomadas por los gobiernos el PP de la alcaldía y de la Comunidad de Madrid en estos últimos años – se declara indignada por todos los recortes en el sector de sanidad y limpieza, que han tenido como consecuencias el empeoramiento de la calidad de los servicios, y evidentemente de la calidad de vida en la capital.

Carmena recuerda que la política de privatización salvaje actuada por Esperanza Aguirre durante los años de su gobierno en la Comunidad de Madrid, solo ha favorecido el nacimiento de una política de la corrupción, que ha sido una constante de la manera de gobernar del PP en Madrid en las pasadas décadas.

Es repugnante – sigue la candidata de Ahora Madrid – el hecho de que Aguirre haya afirmado que, respecto al tema de la corrupción, de su equipo y de los políticos que nombró en el pasado, solo algunos le hayan salido rana.

La referencia es a lista electoral presentada por Aguirre para las autonómicas de 2007, donde estaban incluidos 120 candidatos, y de ellos 17 –al día de hoy- han tenido algún tipo de demanda o investigación. De los primeros 10 de esta lista, hasta 5 personas han sido imputadas o demandadas por delitos de corrupción u otros delitos comunes. Hablamos de: la misma Esperanza Aguirre (imputada por un delito de desobediencia contra la autoridad  en un incidente de tráfico); Ignacio González, investigado por un ático de su propiedad que pertenecía a una sociedad en un paraíso fiscal; Francisco José Granados Lerena, que ha sido detenido en el marco de la Operación Púnica por un supuesto delito de cobro de comisiones ilegales: se le acusó de cobrar 900.000 euros por cada concesión de colegio concertado y tuvo que dimitir por la tenencia de una cuenta en Suiza de 1,5 millones; Juan José Güemes, imputado por haberse beneficiado económicamente de la privatización de diversos hospitales de la Sanidad madrileña; Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel por cobrar comisiones por cada evento que contrataba a la empresa “El Bigotes”. Tenía una cuenta en Suiza  con 1,6 millones de euros.

El caso Granados, destaca especialmente porque confirma como se ha llegado a una degeneración de la política de privatización de la enseñanza, acelerada por Aguirre en los años pasados, favoreciendo la construcción de colegios concertados en suelos municipales e impulsando a la escuela privada.

La candidata de Partido Popular, 63 años, condesa y grande de España, parece que efectivamente no haya caído directamente en el “vicio” de la corrupción. Su anhelo de poder siempre ha sido más importante que la gana de enriquecerse. En su caso, el problema mayor siempre han sido las personas que la rodean; un ambiente corrupto que está interesado exclusivamente en los propios intereses personales. La ex presidente de la Comunidad de Madrid, suele afirmar que ella no tiene que responder a los pecados de los demás políticos que forman parte de su partido. Incluso ha llegado a crearse muchos enemigos internos al partido, debido a sus críticas abiertas y tajantes a los otros miembros de su grupo político. A la Aguirre nunca le ha gustado bajar a compromisos, y siempre ha defendido su postura y su actitud dominante. “Yo decido”, afirmó la candidata a la alcaldía cuando le criticaron su imposición de decidir los candidatos presentes en la lista actual. “La lista la decide el PP, y en este caso soy la cabeza de lista y es normal que decida yo quien está en la lista”. Una actitud autoritaria que ha provocado las quejas de Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid y política del PP, que ha visto relegado su equipo de la lista formada por Aguirre.

Una postura, la de la candidata del PP, bien distinta de la idea de gobierno de Manuela Carmena, a la que le gusta la sensación de sentirse solo un instrumento en las manos del electorado, una simple representante de la ciudadanía, que a través de una política sencilla, pueda aportar mejorías a su ciudad.

Uno de las problemas que más apura a Carmena es el drama de los desahucios, que ella espera solucionar creando una oficina anti-desahucios que pueda mediar con los bancos, para llegar a acuerdos con estas instituciones, de modo que las personas desahuciadas puedan seguir manteniendo las viviendas, pagando a cambio un alquiler social. Otro reto importante –según la jueza- sería terminar con la especulación de las viviendas de protección oficial.

Este planteamiento resulta ser bien distinto del trazado por el Partido Popular, que bajo su gobierno en la Comunidad de Madrid, solo desde 2008 ha registrado ya 186.000 lanzamientos. Consecuencia de todo esto ha sido el aumento de los suicidios y de las personas que se han quedado “sin techo” en toda la Comunidad. Respecto al problema de los indigentes, hace solo unas semanas, Esperanza Aguirre propuso sacar a los «sin hogar” de la calle, porque cree que su presencia en el centro de Madrid perjudica el turismo. Una afirmación que redujo este problema exclusivamente a un inconveniente para el turismo, sin analizar y valorar el problema principal: el drama social de miles de personas que se han quedado sin hogar.

El 24 de mayo se votará para la Alcaldía de Madrid y Esperanza Aguirre, según las estadísticas, es favorita para ser alcaldesa El miedo al cambio y los siempre más frecuentes ataques mediáticos están comprometiendo la candidatura de Manuela Carmena, pero lo que efectivamente debería asustar a la gente, es continuar viviendo aceptando las degeneraciones en las que nos están acostumbrando a vivir: las de una sociedad enferma y corrupta que no tiene ningún interés en comprometerse para el bien común de nuestra sociedad.