El año que acaba de despedirse se ha caracterizado por varias leyes por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que difícilmente se podrán comprender y aceptar, vista la “atrocidad” de sus medidas que resuenan casi como un atentado feroz a los valores imprescindibles de un estado democrático.

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España desde el 21 de diciembre de 2011, después de un año de falsa inocencia, presentándose al país como el inocuo e inofensivo presidente que tenía que salvar España del báratro de una crisis feroz, ha mostrado finalmente su rostro real. El presidente de partido que en el último año se ha encontrado implicado en una infinitud de acusaciones de corrupción por parte de las miembros más significativos de su gobierno – él incluido – ha decidido enfrentarse a sus opositores, dando a luz en los últimos meses de 2013 una serie de decretos que devuelven a España a tiempos preconstitucionales.

La coalición de gobierno ha llegado a la conclusión que, para fortalecer su posición frente a las criticas, se necesitaban medidas que, aunque fuertemente atrevidas, pudiesen atraer a los votantes de la derecha más extrema y del electorado de orientación más conservadora, cercano a la Iglesia católica.

No hay otra forma de definir estas mediadas que como conservadoras y represivas.

La leyes más criticadas de año 2013 – no incluimos la reforma sanitaria de la Ministra de Salud Ana Mato, porque se refiere al final del año 2012 – han sido, en orden cronológico, las siguientes:

1) La reforma educativa LOMCE, impulsada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert;

2) La Ley de Seguridad Ciudadana (calificada por parte de los detractores como Ley Mordaza) del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez;

3) La reforma de la Ley del Aborto, siempre por parte de Ministro Gallardón.

1) Con la reforma educativa LOMCE la religión recupera su antigua importancia en el currículo de secundaria y bachillerato, perdida ya durante los últimos años de la dictadura franquista. La asignatura de Religión, con la nueva Ley Wert, empieza a ser evaluable y la nota de esta asignatura contará para la media del curso a todos los efectos. En cambio la asignatura de Filosofía se convierte en optativa en dos años del curso y desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sustituida por una de formación “cívica y constitucional”.

Además se elimina la prohibición de subvencionar a los colegios privados que educan separando a sus alumnos por sexo y se endurecen las condiciones para poder acceder a una beca de estudio. Los estudiantes podrán acceder a una beca solo si tendrán como mínimo un 5,5 de nota media y los universitarios tendrán que devolver la beca si no aprobaran por lo menos el 50% de los créditos.

2) La Ley de Seguridad Ciudadana trasforma en onerosas sanciones administrativas las conductas que están indicadas como lesiva para el orden público. Se sanciona duramente (multa de 30.001 a 600.000 euros) cualquier tipo de manifestación no autorizada que pueda perturbar el trascurso de un acto público, deportivo, cultural, religioso u otras reuniones numerosas. Se sancionan duramente también las convocatorias o las manifestaciones que se celebren durante la campaña electoral, hasta el fin de la votación.

Cualquier tipo de concentración no comunicada ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los tribunales, es perseguida por ley con sanciones administrativas hasta los 30.000 euros. La misma sanción tocará a todos los que obstruyen la ejecución de decisiones judiciales (ej. desahucios) o que alteran el orden público encapuchados o con otros elementos que dificulten la identificación de la persona.

Fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero recién aprobado por el Gobierno, es la utilización de un camión con un lanzador de agua para dispersar las multitudes durante las manifestaciones. Medida fuertemente criticada porque enormemente dañina por la integridad física de los manifestantes.

3) La Ley de Aborto retrocede a España a mediados de 1985, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido. La Ley derriba completamente la ley del precedente gobierno Zapatero y sanciona el aborto como delito salvo en tres únicos casos concretos: a) Violación (en las 12 primeras semanas de embarazo); b) Malformación del feto (hasta las primeras 22 semanas de embarazo); c) Riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (sin plazo).

En todos los otros casos, el aborto es juzgado como delito y se impide el aborto libre que será castigado con sanciones administrativas para la gestante y con sanciones penales para el médico que lleve a cabo el aborto fuera de los límites marcados por la norma.
De hecho, se pretende eliminar la posibilidad de poder abortar en el caso de malformaciones del feto, no obstante el niño pueda nacer con anomalías o malformaciones graves que puedan perjudicar su posibilidad de sobrevivir una vez nacido.

La ley ha sido fuertemente criticada tanto en España como en los países de la Unión Europea, y convierte a España en uno de los países europeo que adopta la medida más represiva en relación al aborto. Además, ha llamado la atención que una ley del aborto haya sido redactada por el Ministro de Justicia y no por el Ministro de Salud.