de ÁLVARO CARREÑO GUADAÑO.

La importancia de los símbolos parece fuera de toda duda a tenor de los ríos de tinta que han hecho correr durante los últimos días. Las decisiones de diversos consistorios españoles, afectados por la llamada “Oleada del cambio” de los últimos comicios autonómicos y locales del 24 de mayo, han agitado de nuevo las distintas sensibilidades hacia la concepción del estado y su simbología en la actualidad. Todas las fuerzas políticas y la mayoría de los agentes sociales del país han plasmado y caracterizado su postura ante el que parece uno de los temas más candentes de la escena política española estival.

Quizás la imagen más paradigmática y que más repercusión tuvo fue la de la retirada del busto del rey emérito Don Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona por orden de la alcaldesa Ada Colau. Muchos aplaudieron y alabaron la retirada del símbolo monárquico y otros muchos pusieron el grito en el cielo ante un acto que tildaron como anticonstitucional.

La alcaldesa y líder de la coalición ciudadana Barcelona En Comú, argumentó la retirada del busto en relación a «profundas convicciones republicanas del ayuntamiento», que «todo el mundo conoce» y recordando que la verdadera “anomalía” era el conservar la imagen de un Ex Jefe del Estado de España, fomentando una sobredimensión de simbología monárquica que en nada se relaciona con el sentir barcelonés tras los últimos comicios. La mayoría de fuerzas políticas en la oposición de la ciudad condal atacaron la decisión del gobierno de Colau, destacando la postura del Ex Alcalde de Barcelona de CiU, Xavier Trías, que de manera irónica preguntó a Colau si también tenía intención de retirar el cuadro que preside la sala por tratarse de un retrato de la Reina Regente María Cristina de Habsburgo y del Rey Alfonso XIII, diciendo textualmente que “igual quería sacarlo todo”. La alcaldesa recibió la crítica también del PP, PSOE, Ciutadans y por el contrario del apoyo de fuerzas como ERC o la CUP, cuyos líderes han relacionado directamente este símbolo del consistorio barcelonés con el conflictivo proceso independentista catalán y las próximas elecciones de 27 de septiembre de 2015 al Parlamento de Cataluña.

Resimbolizar o reconquistar la sala fue lo que debieron pensar los concejales del PP, al aupar en el mismo lugar donde con anterioridad se situaba el busto de Don Juan Carlos una fotografía oficial del Rey Felipe VI. La fotografía fue retirada por el personal del ayuntamiento, pero la imagen de los concejales del PP como defensores del “escarnio” que se estaba perpetrando contra la monarquía y la Jefatura del Estado, es igual de simbólica que ver el busto de Don Juan Carlos a medio embalar en una caja de cartón con cinta aislante.

Barcelona no ha sido el único consistorio español donde esta Guerra de los símbolos ha sido protagonista. La nueva alcaldesa de Moaña (Pontevedra) Leticia Santos decidió retirar de su despacho tanto la imagen del Rey Juan Carlos como la bandera de España, dejando únicamente la bandera gallega y recuperando un retrato del político Daniel Rodríguez Castelao, padre del nacionalismo gallego y uno de los gérmenes del BNG, partido al que pertenece la alcaldesa, que se ha defendido de los ataques de inconstitucionalidad aduciendo que lo único obligatorio es que el retrato del Jefe de Estado presida el Salón de Plenos y que la bandera nacional esté presente tanto en este espacio como en el exterior del edificio sede del poder municipal. La alcaldesa por tanto no estaría incumpliendo la legalidad, y solo ella sería la responsable de reubicar y acondicionar el despacho como espacio de trabajo. Otro ayuntamiento protagonista fue el de Cádiz, precursor de medidas de este tipo, cuando el nuevo alcalde José María González Santos «Kichi» (Por Cádiz Sí Se Puede) retiró el retrato regio de su despacho y lo sustituyo por uno de Fermín Salvochea, alcalde y líder anarquista de Cádiz durante la Primera República. Varios consistorios catalanes, vascos y gallegos han tomado disposiciones semejantes durante los últimos días, alargando y extendiendo un conflicto que parece va a relacionarse con los diversos sentimientos nacionalistas de diversas comunidades autónomas.

Esta guerra no sólo se ocupa de efigies y banderas, también es una guerra nominal. Etimológica. El lenguaje y los nombres oficiales de diversos espacios públicos, como calles y edificios oficiales también es una tendencia que está dividiendo a la opinión pública de diversas ciudades españolas.

Manuela Carmena, la famosa e icónica nueva alcaldesa de Madrid, ya anunció en campaña y a través de su programa electoral, que tenía previsto el renombrar varias vías del callejero madrileño que a día de hoy siguen rindiendo homenaje a personajes, actos o acontecimientos anticonstitucionales y relacionados con la dictadura franquista. Pronto veremos desterrados de la capital de España nombres tan extendidos e interiorizados en el día a día de la ciudad, pero no por ello menos avergonzantes como Avenida del Arco de la Victoria, Calle de Calvo Sotelo, Calle de los Hermanos García Noblejas, Calle del Capitán Haya o Avenida del General Fanjul… Proceso que hace pocos días se vio cristalizado por el cambio en la plaza de Vázquez de Mella, líder e ideólogo del partido carlista, por el del antiguo concejal socialista del ayuntamiento madrileño y uno de los promotores del matrimonio homosexual, Pedro Zerolo, muerto el pasado 9 de junio.

Igualmente la polémica simbólica llego de la mano de un nombre a la capital aragonesa. El ayuntamiento de Zaragoza ha establecido un cambio de nombre del Pabellón Deportivo Príncipe Felipe por el de José Luís Abós, Ex Técnico del combinado de baloncesto de la ciudad del Ebro, fallecido en octubre del pasado año. Pese a la polémica suscitada, relacionada sobre todo al resto de casos que jalonan la geografía española, parece que la mayoría de la ciudadanía y la casi totalidad de seguidores del CAI Zaragoza venían pidiendo desde la muerte del técnico y durante todos los partidos disputados en Zaragoza el citado cambio de nombre.

Finalmente y bajo la sorpresa de muchos, puede que uno de los más criticados haya sido el actual regidor de la capital gallega por su comentada ausencia durante la misa celebrada en la Catedral de Santiago por la festividad mayor de Galicia y de la ciudad compostelana el pasado sábado. Martiño Rivas, de la Plataforma Compostela Aberta, comentó a la prensa: “Sería hipócrita si dijera que el formato es un formato que a mí me agrada. No me agrada, entre otras cosas, porque yo creo que representa ciertos simbolismos que ya están superados en la sociedad civil». El alcalde no cruzó el umbral del templo y se dirigió a su despacho durante el tiempo que duró el acto religioso, para a su finalización volver a los actos organizados en el Ayuntamiento. El Presidente gallego Núñez Feijóo reprochó al alcalde su proceder, acusándole de evitar el representar a su tierra y a su ciudad en el día grande de Galicia y en uno de sus mayores símbolos.

Entramos en un terreno aún pantanoso y un tanto turbio, como siguen siendo en España la relación entre insignias y simbología oficial y estatal durante la celebración de actos religiosos católicos. Muchos recuerdan aún con estupor y extrañeza como el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz firmaba la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a la “persona” de Nuestra Señora María Santísima del Amor el pasado 3 de febrero. La presencia de crucifijos en la jura de cargos públicos, la presencia del himno nacional y la bandera en actos religiosos de la Semana Santa, la celebración de funerales de Estado en recintos y ceremonias católicas o la presencia de altos representantes del Estado y el gobierno en actos y festividades católicas en representación de su cargo, son utilizaciones viciadas y adulteradas de la simbología oficial que no parece despertar el mismo interés con el que parece que los últimos actos simbólicos citados están revolucionando a los principales medios de comunicación.