de GUILLERMO LUNA GONZÁLEZ.

El tema de la cadena perpetua es siempre motivo de polémica y debate. La sociedad española se encuentra muy dividida al respecto. Los hay que piensan que es una herramienta necesaria para aquellas personas que hayan cometido delitos muy graves –asesinatos, violaciones y similares- al pensar que esas personas no tiene cabida de nuevo en la sociedad. Es decir, no creen en la reinserción. En el lado opuesto se encuentran aquellos que opinan que la cadena perpetua es un castigo que va en contra de los derechos humanos y de la misión que persiguen las cárceles. Estos detractores de la cadena perpetua defiende la necesidad de instaurar otras penas menos lesivas. De antemano he de decir que ambas posturas son igualmente respetables, faltaría más, pero en este artículo de opinión voy a centrarme en defender de forma argumentada la postura contraria a la cadena perpetua.

En primer lugar, se hace necesario explicar que el objetivo de este escrito no pasa en ningún momento por faltar el respeto a las víctimas de delitos graves ni a sus familiares, muchos de los cuales solicitan, de forma entendible, una prisión de por vida a los asesinos o violadores de sus hijos, maridos, mujeres, etc. Al contrario, mi respeto hacia las víctimas es total. Lo único que se pretende es explicar detalladamente la inutilidad de la cadena perpetua para los condenados, los problemas que ocasiona a las arcas del Estado y las ficticias ventajas que ofrece a las víctimas y sus familiares. Además, se expondrá las soluciones que, a mi juicio, son más enriquecedoras para el conjunto de la sociedad –verdugos, víctimas y Estado-. Comencemos.

Hasta hace no tantos años, la pena de muerte se encontraba vigente en la mayoría de países del mundo. Era habitual condenar a la gente a muerte por cualquier nimiedad. Con el paso del tiempo, la humanidad fue evolucionando hasta el punto que hoy en día, esta práctica se encuentra abolida en gran parte de los países occidentales. Además, la conciencia ciudadana ha cambiado. Ahora nos parece “inhumano y degradante” que un país condene a muerte a alguien. En este aspecto, afortunadamente hemos avanzado.

Sin embargo, el apoyo a la cadena perpetua, considerada la segunda pena más grave, recaba aún en 2015 numerosos apoyos a lo largo del mundo. La gente opina que hay casos extremos en los que no queda otra solución que encerrar de por vida al condenado. Este argumento es algo preocupante porque se deja de lado el objetivo principal que persiguen las cárceles, tal y como se recoge en nuestra Constitución: la reinserción. En efecto, las prisiones no tienen como función alojar a los presos hasta el día de su muerte. Tampoco pretenden alojar al preso como si de un hostal se tratara. La misión pasa por realizar una serie de actividades y tratamientos médicos que logren “curar” al condenado de sus trastornos psicológicos para poder regresar a la sociedad con plenas capacidades y oportunidades. No hay que olvidar que los seres humanos no matan o violan por naturaleza. Todas esas barbaries son fruto de trastornos psiquiátricos que, como todo en este mundo, tiene cura. Otras veces, estas masacres nacen debido a la ceguera ideológica o religiosa que tienen algunos fanáticos extremistas. De nuevo, esto es remediable. Es en este asunto donde las prisiones deben centrar su esfuerzo.

Reinsertar, dar una segunda oportunidad, saber perdonar… Eso es lo que debe aprender la sociedad. Pero lógicamente, la culpa de que la cadena perpetua reciba tantos adeptos no reside exclusivamente en la ciudadanía, sino en el mal funcionamiento que muchas de nuestras cárceles, donde los presos más que reinsertarse, lo que hacen es vivir como en un hotel de cinco estrellas. Por no hablar de los tratos de favor que reciben algunas personas, sobre todo cuando de famosos se trata. El problema de esto es que los condenados cumplen su pena, o mejor dicho sus vacaciones pagadas, con el dinero público, y regresan a la calle igual que como entraron. ¿Cómo pretendemos entonces abolir la cadena perpetua? Por este motivo, lo primero que hay que hacer para cambiar esta mentalidad ciudadana, es modificar el funcionamiento de muchas (no todas) de nuestras cárceles. Hay que aplicar terapias psicológicas, castigos duros en las cárceles, hacer que los presos lo pasen mal, etc. Todo esto, obviamente, enfocado siempre a la curación de su salud mental que posibilite su reinserción y no a hacer la vida imposible al preso y matarle en vida que es a fin de cuentas el objetivo que persigue la cadena perpetua.

Otro problema que impide la oposición social a la cadena perpetua es nuestra legislación, muy permisiva en algunos casos. A muchos condenados a prisión se les permite conmutar su pena por una multa económica o por labores sociales. Esto, de nuevo, impide que se apliquen los tratamientos de reinserción necesarios en los presos. En definitiva, hay que restaurar el funcionamiento carcelario y sus leyes para poder llevar a cabo con eficacia las funciones de reinserción que recoge nuestra Constitución y así lograr que la gente vea con buenos ojos la idea de sustituir dicha pena por otras más acordes a la dignidad y derechos humanos.

Además, hay que tener en cuenta que las cárceles en España son de titularidad pública. Esto significa que todos los gastos carcelarios se pagan con dinero público, esto es, con nuestro dinero. Por aportar un dato, cada preso nos cuesta 30.000€ al año. Luego se hace evidente pensar que cuantos menos presos haya en prisión, más dinero tendrán las arcas públicas para destinar a otros menesteres que incumban al conjunto de la sociedad. Esto no quiere decir, obviamente, que haya que vaciar las cárceles. Ni mucho menos. Las prisiones, con un correcto funcionamiento, cumplen una función muy importante para el correcto avance de la sociedad democrática. Pero lo que sí que hay que hacer, es abolir la cadena perpetua porque supone un gasto desorbitado con una finalidad inexistente. Expliquemos esto con un ejemplo bastante duro, pero necesario. Imaginemos a un violador de ocho mujeres que ha sido afortunadamente arrestado por la Policía y puesto a disposición judicial. Ya en los tribunales, el magistrado encargado del caso le declara culpable y le condena a cadena perpetua. Tiene 30 años, lo que significa que más o menos pasará entre rejas unos 50-60 años. Es decir, su encarcelamiento supone un coste público de aproximadamente 1,8 millones de euros. Como su caso aparecen 100 más en el mismo año. La cifra se elevaría hasta los escalofriantes 180 millones de euros. A lo que yo me pregunto: ¿destinar todo ese dinero sirve de algo?

Analicemos el mismo caso pero sin cadena perpetua: El violador empedernido es condenado a prisión durante 20 años (una cifra más que considerable para el grave delito cometido y más que suficiente para lograr su reinserción). El dinero gastado en él no será mucho menor que antes. Es cierto que los gastos de prisión descienden hasta los 600.000€, pero a ello hay que sumarle gastos en tratamientos psicológicos y demás actividades con fines reinsertivos. Al final, es probable que se alcance la cifra del ejemplo anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. En el primer caso, el dinero se destina totalmente a su estancia en prisión sin que eso mejore la situación del preso ni de las víctimas. Por el contrario, en el segundo caso, se ha logrado curar y reinsertar al preso y ahora puede hacer vida normal. Se ha logrado modificar las salvajes conductas que presentaba antes de su entrada a la cárcel. En algunos casos, estos tratamientos logran también que el violador o asesino, calificativo que le acompañará siempre, sienta arrepentimiento o dolor por el daño causado. No obstante, es legítimo pensar que sus víctimas no se crean semejante compasión por ellos, pero lo que sí pueden creerse es su cambio de conducta, al menos cuando pasen varios años y vean que su vida ha sufrido un giro de 180º.

Como se aprecia, destinar el dinero público a unos fines u a otros mejora mucho la sociedad. El horrible daño causado ya no se puede recuperar, pero el trastorno del condenado sí. ¿Por qué hay que dejarle morir en prisión sin darle una segunda oportunidad para recomponer su vida? La cadena perpetua es un castigo inhumano y degradante porque atenta contra los derechos humanos del verdugo, cerrándole todas las puertas a un futuro mucho más digno.
Todo lo dicho en este artículo no persigue la defensa de los asesinos, violadores, pederastas y demás actos tan bochornosos. Siempre hay que posicionarse a favor de las víctimas en estos temas para que los culpables cumplan su merecido escarmiento por lo realizado. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que los condenados no dejan de ser menos personas que los demás por muchísimo daño que hayan cometido. Y ahí es donde entra la defensa de los derechos humanos, los cuales hasta el momento no hace distinción entre asesinos o asesinados, por muy diferentes que sean sus comportamientos. Quien hace algo mal, debe pagarlo. Pero el castigo impuesto no puede ser desproporcionado y contrario a los derechos humanos y, en el caso de España, contrario también a la Constitución. Entiendo perfectamente que los que sufren o han sufrido estas calamidades, deseen todo lo peor para los causantes de sus desgracias. Es normal, están llenos de ira y odio por lo acontecido y debe respetarse. Es una visión subjetiva del caso de la que nadie sería capaz de rehuir si le pasase lo mismo. Pero para eso está la justicia y la legislación, que debe tener una visión más objetiva y neutral. Estos tienen que hacer pagar a quien lo merezca, pero tampoco acribillarle como si no se tratase de una persona humana.

Para terminar, quiero reiterar mi apoyo y mis condolencias a las víctimas de los casos que hemos ido diciendo anteriormente. Nadie se merece pasar por esa situación y, como no, estar a su lado se hace éticamente obligatorio. Lo único que he pretendido ha sido demostrar que la cadena perpetua no mejora la situación de las víctimas porque el daño es irreparable, pero tampoco mejora la de los culpables. Sin embargo, en penas de menos años y, muy importante, con un correcto y adecuado sistemas carcelario y judicial, las víctimas siguen igual, pero se consigue dar una segunda oportunidad o, mejor dicho, una segunda vida a los presos que tanto daño hacen a veces, incluso, siendo conscientes de ello, pero tapados mentalmente por una enfermedad, una ideología o una religión. Esto último, es reversible y es misión de cualquier persona que se considere defensora de los derechos humanos y de la dignidad.