de GUILLERMO LUNA GONZÁLEZ.

El próximo 27 de septiembre los catalanes están llamados a las urnas para ejercer su derecho al voto en las terceras elecciones autonómicas que se celebran en los últimos cinco años. El exceso de convocatorias electorales no se debe a un afán catalán por democratizar las decisiones gubernamentales, sino más bien a la inestabilidad política que ha sufrido Artur Mas en este lustro. Su obsesión por centrar la política de la Generalitat en la hipotética independencia de Cataluña ha provocado que toda la oposición constitucionalista en bloque se oponga a su Gobierno. El líder de la extinguida CiU (actual Convergència) ha dedicado mayor esfuerzo en ver cómo Cataluña se puede escindir de España, en lugar de atender otras cuestiones mucho más prioritarias para la ciudadanía, como las políticas sociales y económicas. Más aún si tenemos en cuenta el momento en el que el independentismo ha resurgido: 2010-2015. Sí, en efecto. Justo cuando la crisis económica incidía más de lleno en nuestro país: millones de personas se iban al paro, uno de cada tres ciudadanos caía por debajo del umbral de la pobreza y los bancos españoles eran rescatados por la Troika.

Puede pensarse que el “desafío soberanista”, como algunos medios lo llaman, se trata de una cortina de humo para tapar los muchos problemas que afectan a Cataluña, sobre todo en materia social. Razón no falta para creer semejante razonamiento. El caso es que ese comportamiento obceco del señor Artur Mas ha provocado un estancamiento de la política catalana que genera inestabilidad, crispación social y sensación de desgobierno. Para ser justos, hay que decir también que la posición adoptada por el Ejecutivo Nacional de la mano de Mariano Rajoy tampoco es la más idónea para alcanzar un acuerdo entre las partes. Es cierto que un presidente autonómico no puede gobernar exclusivamente para una sección de los catalanes –los independentistas, se entiende-, pero el Gobierno Estatal tampoco puede obviar que en Cataluña hay cada vez un mayor sentimiento de rechazo a España en el que, seguramente, muchas de las políticas del PP hayan influido notoriamente. Es incoherente que el señor Rajoy pida al señor Mas que haga política para todos los catalanes, incluso los no independentistas, algo muy sensato como es lógico; pero luego él no se digne en atender el sentimiento independentista de buena parte de los catalanes a los que, hay que recordar a Rajoy, también son españoles y, por lo tanto, deben ser representados por su Gobierno. Todo ello ha desembocado, como era de esperar, en un choque de trenes entre ambas instituciones. Nada bueno, ni para Cataluña, ni para España.

En esta encrucijada, Artur Mas decidió adelantar por segunda vez las elecciones autonómicas con el único objetivo de lograr la declaración de independencia de manera unilateral. Agotados todos los medios legales –o ilegales, en algunos casos-, que tenía a su alcance, no le quedaba más remedio que recabar más apoyos en el Parlament para embarcarse en este último clavo ardiendo que tienen los independentistas para lograr la hazaña soberanista. Además, era consciente de que tenía demasiados obstáculos como para poder lanzarse a la aventura solo con su partido: el desgaste en sus filas ocasionado por el inmovilismo del PP, la posterior fractura de CiU, la corrupción de su referente político Jordi Pujol, el progresivo crecimiento de Ciudadanos, la pérdida de apoyos en detrimentos de nuevas fuerzas que mantienen una postura ambigua hacia la cuestión soberanista como las candidaturas en común… Además, el resto de partidos defensores de la secesión (ERC y CUP) no estaba por la labor de firmar ninguna declaración de independencia con el señor Artur Mas, por considerarlo el continuista de la corrupción de Jordi Pujol. Más adelante, Oriol Junqueras se desdijo para no pillarse los dedos ante la evidente llegada de la plataforma Junts Pel Sí.

Ante este panorama, el señor Mas entendía perfectamente que el único remedio que le quedaba era configurar esa lista unitaria con todas las fuerzas políticas y personas ajenas a la política que fuesen afines al soberanismo catalán, aunque esto supusiera dejar a un lado gran parte de su pensamiento político, claramente opuesto al del resto de formaciones soberanistas. No importaban las siglas. No importaban los medios a seguir. Solamente el fin a alcanzar: la independencia catalana. Como era de esperar, esta decisión no fue respaldada por su principal socio de partido y su representante en el Congreso de los Diputados. Durán i Lleida se desmarcó de esta vía secesionista y decidió desligar a Unió de Convergència. Esta división de CiU se producía por primera vez en lo que va de democracia y por última porque las aguas no tienen pensado volver al mismo cauce. Artur Mas tenía que refugiarse en otros socios, fueran conocidos o no. Fueran políticos o no. Eso era lo de menos. Lo importante era acaparar el mayor número de apoyos posibles.

La candidatura unitaria Junts pel Sí agrupa a personalidades de Convergència, ERC y plataformas asociativas independentistas (Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència). Es decir, un cúmulo de gente de diversas procedencias: republicanos de izquierdas, comunistas, socialdemócratas, liberales, conservadores y nacionalistas. Lógicamente es una lista con la que resulta imposible llegar a gobernar Cataluña. Las políticas de ERC y Convergència son totalmente antagónicas. Ni que decir tiene las que defiende Raül Romeva, quien hasta hace año y medio militaba en ICV (IU en Cataluña). Convergència ha sido un aliado histórico del PP para determinadas cuestiones. Por ejemplo, Aznar se hizo con el Gobierno en el año 1996 gracias al apoyo del por entonces partido de Jordi Pujol. Posteriormente, tuvo que contar con su apoyo en varias votaciones en el Congreso si quería aprobar parte de su paquete de medidas. ERC e ICV, por el contrario, siempre han sido muy críticos con las políticas conservadores del PP e, incluso, de la propia CiU. ¿Cómo se explica entonces el nacimiento de esta plataforma independentista?

La respuesta es tan sencilla como incoherente: Acuden a las elecciones como si fuesen unos comicios plebiscitarios. Esto es, piensan que el resultado electoral sirve para conocer si el conjunto de los catalanes prefiere quedarse dentro de España o por el contrario apoya la secesión. Este planteamiento es del todo absurdo, pues lo que está en juego es un Gobierno autonómico que de verdad esté por la labor de llevar a cabo un programa económico y social para Cataluña. El supuesto carácter plebiscitario es una cortina de humo para tapar todas las incoherencias que esconde esa lista. Por ejemplo, la más grave de todas: su modelo de gobierno. Porque muchos, con razón, se preguntan qué políticas van a instaurar en Cataluña si logran la victoria. ¿Aplicará Raül Romeva políticas de derechas traicionando así sus principios? ¿O lo hará al revés Artur Mas? Son preguntas sin respuesta porque no entran en la mente obceca de sus candidatos. Lo único en lo que piensan es en ese supuesto futuro independiente de Cataluña, aunque ello suponga arrasar con el progreso social y económico de toda la Comunidad Autónoma por el camino. Y hablando de incoherencias. No tiene mucho sentido que Raül Romeva vaya como cabeza de lista, si en la práctica el presidente sería Artur Mas. Lo mismo ocurre con Oriol Junqueras, número 5 en la candidatura, pero postulado a ser el vicepresidente. Un sinsentido.

En definitiva, la candidatura Junts pel Sí se presenta como un agravio de los problemas catalanes. La cuestión independentista no puede ser el único punto en común de una lista unitaria porque provoca una sensación de ineficacia y desgobierno nada buena para Cataluña. Es respetable que un conjunto de personas se unan en favor de la independencia. Cada uno es libre de respaldar aquello que crea conveniente, pero no olvidemos la función persigue cualquier Gobierno: legislar y ejecutar políticas en favor de la ciudadanía. Sobra decir que todas sus actuaciones han de estar dentro de la legalidad constitucional vigente. Y ahora mismo, Junts pel Sí no tiene propuestas claras para los catalanes, más allá del plan soberanista, el cual no se ajusta a las leyes recogidas en nuestra Constitución -lo único permitido por nuestra Carta Magna sería un referéndum a nivel estatal y nunca, obvio es, una declaración de independencia de manera unilateral-. Por tanto, en caso de la victoria de esta lista, algo que las encuestas dan como la opción más probable, se presenta un escenario muy hostil en Cataluña que nada bueno puede traer para el conjunto de los catalanes y también de los españoles. Por el contrario, en caso de derrota, el independentismo dejaría de ocupar la primera línea de la política catalana para dar paso a propuestas políticas que verdaderamente son interesantes e importantes para la sociedad. El 27-S está a la vuelta de la esquina y la última palabra la tienen los catalanes. Es el todo o nada del independentismo. Alea jacta est.