Una ola de terrorismo ha caracterizado en los últimos días la capital turca.

Tres ataques en pocas horas entre el pasado martes y miércoles a distintas sedes de autoridades e instituciones turcas.

El ataque más dramático ha sido el secuestro del fiscal turco Mehmet Selim Kiraz, que estaba indagando sobre la muerte del joven Berkin Elvan, de 14 años que falleció en 2013 durante las manifestaciones del Parque Gezi, a causa del impacto de un bote de gas lanzado por los policías turcos.

Dos miembros del Partido de la Liberación del Pueblo-Frente (DHKP-C) entraron en la sede del Palacio de Justicia y tuvieron secuestrado durante varas horas al fiscal. Finalmente la policía rodeo el edificio e irrumpió en la sexta planta, donde estaban los secuestradores con el rehén, acabando dramáticamente el asalto con la muerte de ambos atacantes y del fiscal.

Según fuentes del gobierno, los policías habrían intervenido una vez oído unos disparos desde la habitación donde se encontraban los terroristas. Otras fuentes desmienten la versión oficial, y aseguran que los policías intervinieron después de una infructífera negociación con los terroristas, en la que los secuestradores pidieron que los policías implicados en el caso Elvan hicieran una declaración pública.

Solo pocas horas después, dos personas intentaron entrar sin éxito en el edificio de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Estambul. Una vez impedida la entrada al edificio, los asaltantes abrieron el fuego contra los policías que respondieron matando a uno de los dos atacantes. Un policía resultó herido y el otro atacante fue detenido.

Al día siguiente un hombre armado entró en la sede del partido gubernamental AKP, llegando a la séptima planta del edificio, rompiendo los cristales de unas ventanas y exponiendo una bandera. La policía logró detener al hombre en una operación que no hubo victimas.

A lo largo del mismo miércoles los policías turcos detuvieron a 22 personas, la mayoría de ellos son estudiantes, que formarían parte del DHKP-C.

Todavía no se conoce la correlación entre estos ataques a las instituciones turcas, pero está claro que el autoritarismo de Erdogan y de su gobierno está teniendo sus consecuencias.

El gran número de leyes aprobadas en los últimos tiempos por parte de su gobierno está limitando de forma drástica las libertades de los ciudadanos turcos; leyes enunciadas para “no poner en peligro la estabilidad del Estado”, que, de hecho, limitan el derecho a manifestarse, a publicar en la web comentarios o “contenidos inconvenientes”, a expresar el proprio disentimiento hacia la política del partido de gobierno.

Una atmosfera siempre más intolerable que está llevando a los grupos más radicales a cambiar de estrategia para llegar a medidas siempre más drásticas de lucha armada.

Lo que ahora se teme, es que la reacción del primer ministro Erdogan sea todavía más represiva y lleve a un choque siempre más enérgico con la gran parte de la población que está en contra de su gobierno.

Turquía lucha para defender sus derechos y libertades, pero la bondad de este fin no está justificando la insensatez de los métodos.