de NEREA ALONSO MARTÍNEZ (proyecto EnREDados).

El gobierno de España parece no estar a favor del consumo ecológico que supone la energía precedente de los llamados paneles solares que convierten la radiación electromagnética que desprende el Sol en electricidad.

Este tipo de energía ha sido aprovechada por la humanidad durante siglos y hace un par de años el gobierno de España, uno de los países con más horas de luz diarias, decidió cobrar un impuesto a todo aquel que quiera pasarse a las energías renovables y así “recuperar” la pérdida que esto supone. A parte del coste que supone instalar un par de paneles en la azotea de un edificio o en el tejado de una casa, se pretende que aquellos que opten por las energías renovables tengan que pagar una cuota de compensación por el ahorro de dinero en su factura de la luz.

Las energías renovables suponen un gran cambio para el mundo de hoy en día ya que se podría decir que con cada acción nuestra contaminamos un poco más el planeta. Utilizamos el 70% de la luz solar que llega a la superficie de la Tierra desde la capa más alta de la atmósfera y el otro 30% restante vuelve al espacio. Habitualmente, el que goza de este tipo de energía sigue conectado a la red eléctrica que le proporciona electricidad extra por si la que es captada por los paneles no es suficiente para el consumo, además derrama la que no utiliza.

Según el ministro de Industria, este impuesto se ha puesto debido a esta insuficiencia de energía diciendo: «de lo que se trata es de decir al consumidor que está muy bien el autoconsumo, pero cuando va a utilizar la red que pagamos entre todos también tiene que contribuir porque, si no, los demás estaríamos pagando una parte del autoconsumo». El gobierno español debería tomar medidas para promover el autoconsumo eléctrico y las energías renovables, pero con esta medida lo que hace es todo lo contrario: reprime a aquellos que estén pensando en la posibilidad de cambiar su fuente de electricidad.

El gobierno cobrará a los usuarios residenciales alrededor de unos 9€ más de IVA al año por kilovatio que cada panel produzca. Un importunio para este tipo de cliente es que el 70% de la energía que producen sus placas fotovoltaicas es dirigida a la empresa de electricidad propietaria de la red a la que se conectan; que luego será vendida a otros consumidores a 12 céntimos el kilovatio por hora. El fin de este impuesto es saldar una deuda de 26.000 millones de euros que arrastra el gobierno. Las personas que respaldan este tributo declaran que si uno está conectado a la red local; es lógico que pague el coste eléctrico que esto conlleva.

Con esta actitud, el gobierno español deja muy clara su postura de no estar a favor del progreso ecológico y declara al autoconsumo solar una postura antisocial. Los que verdaderamente se benefician de esta tasa son las compañías eléctricas, que poseen una gran cantidad de plantas eléctricas al margen de las energías renovables. Dichas plantas cada vez producen menos electricidad y gracias al 70% que reciben del cliente, mencionado anteriormente, consiguen seguir funcionando durante más tiempo.

Las personas que opten por las energías renovables, están obligadas a aclimatarse a la nueva ley y registrarse en la sede el Ministerio de Industria. A pesar de la multa de millones de euros, la mayoría de consumidores no han seguido este reglamento ya que el gobierno no ha facilitado los medios para ello. Igualmente, el usuario que enlace su fuente energética propia a la red local, se verá obligado a pagar la factura como otro consumidor al margen de la energía solar.

Se espera que aproximadamente para 2020 la mayoría de la electricidad sea generada a partir de este tipo de energías. Sin embargo, el gobierno español, ya sea por interés económico o por cualquier tipo de beneficio propio, no parece estar a favor de dar el gran salto y pasarse a un abastecimiento en armonía con el planeta.