Nueva derrota parcial para el gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido que los empleados públicos que reclamaron el cobro de la paga extra de Navidad a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, tienen que recibir una parte de la paga retirada. La sentencia, aunque no acepte la petición principal de los empleados de abonar la paga entera, abre un precedente importante, visto que si todos los tres millones de empleados públicos reclamasen delante del tribunal sus pagas, el Estado tendría que pagar centenares de millones de euros. Esta sentencia no es la primera de la “era Rajoy” que demuestra la poca afinidad entre los decretos ley aprobados por el gobierno durante este mandato, y los derechos de los ciudadanos según lo que dicen la Constitución y las leyes.

La crisis económica que está afectando España ha llevado a una larga serie de medidas por parte del gobierno que a menudo vienen criticadas por la totalidad de las comunidades y que muchas veces son llevadas delante del Tribunal Constitucional por parte de sindicados o asociaciones de trabajadores. La marea de recortes aprobados en estos últimos años está exasperando a la población, que intenta por todos los medios hacer frente a las medidas ahogadoras del gobierno. En verdad, este procedimiento de apelar al tribunal es una medida a la que recurre tanto el gobierno, como los afectados por los decretos y los recortes. Ejemplos son la paralización de la pasada paga extra de Navidad que el Gobierno vasco intentó pagar hasta que intervino el Constitucional después del recurso del gobierno, o para suspender el cobro del euro por recepta en Cataluña. Y el mismo gobierno recurrió al Constitucional para bloquear la convocatoria de 2.389 plazas de profesores de Secundaria aprobada en 2012 por la Junta de Andalucía. Convocatoria que actualmente sigue suspendida en espera de la decisión definitiva sobre la posible inconstitucionalidad de la convocatoria realizada por la Consejería. Además, como olvidar la decisión del Constitucional el pasado noviembre 2012 que avaló la ley del matrimonio homosexual. Ley contra la que recurrió el Partido Popular de Rajoy y que puso en peligro la validez legal de los casi 22.000 matrimonios que se celebraron a partir de la aprobación de la ley por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Si, por otro lado, pasamos a analizar los recursos al Constitucional por parte de comunidades, instituciones, asociaciones o sindicatos, resulta complicado hacer una lista de todas las ocasiones en las que ha tenido que pronunciarse el Tribunal. La mayoría de los recursos se tuvieron durante la primera parte de 2012, cuando de Cataluña a País Vasco, o de Asturias a Andalucía, se recurrió contra los recortes del gobierno en Sanidad y Educación. Es evidente que en una situación autonómica compleja como la de España, siempre se encuentran fundamentos jurídicos suficientes para demostrar una invasión de competencias autonómicas. Y siempre se infiere una infracción de las leyes, cuando tratamos temáticas así delicadas, como los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores. El problema más evidente es que el gobierno actual, en enorme dificultad por encontrarse gobernando en una fase de extrema crisis económica, intenta cortar por todos lados, llegando a menudo a quitar derechos que son imprescindibles. Es el caso que ocurrió en el diciembre pasado cuando el Constitucional avaló la atención sanitaria a los sin papeles, como respuesta a la propuesta del gobierno de un acceso restringido a la sanidad que incluyera solo los extranjeros regularizados, en contra del derecho a la vida y de la salud.

El Constitucional se ha convertido durante el gobierno de Rajoy – apenas había pasado en las legislaturas anteriores – en un arma política, tanto para imponer el respeto de los decretos impuestos por el gobierno, como para rebelarse a las innumerables medidas que están afectando a los bolsillos de los ciudadanos y que están reduciendo el estado de bienestar de la sociedad española.