El reportaje de “laturca” –

 de Piertoni Russo.

Más de 400 días olvidados por todos en una tierra extranjera. Esta es la historia de un grupo de 10 personas, cubanos, presos políticos, refugiados y familiares de ellos. Paseando por el centro de Madrid, a pocos metros de la Plaza Mayor, en el corazón de la ciudad, podrás encontrar una bandera cubana delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la Plaza de la Provincia. Una carpa de pocos metros cuadrados se ha convertido, hace más de un año, en la casa de este grupo de desventurados que todavía maldice el día que llegó a España.

Era el 8 de abril de 2011, cuando, en un despliegue de policía y autoridades, llegaron al aeropuerto de Barajas. Se trató del resultado de la negociación del PSOE, gobierno de aquel entonces, que negoció a través de la Iglesia cubana, por medio del cardenal de La Habana, Jaime Lucas Ortega y Alamino, la excarcelación colectiva de numerosos presos políticos cubanos. 115 de ellos llegaron a España, muchos otros acabaron en Alemania o en Canadá, otros  dos países que también participaron en el convenio.

El convenio, que fue celebrado en España como un ejemplo de democracia, dio a los presos la posibilidad de salir de la cárcel, una forma de propuesta de exilio a cambio de la libertad. El acuerdo bilateral garantizaba a los presos la posibilidad de recibir alojamiento y manutención en España, además de una atención psicológica y sanitaria – no debemos olvidar que estamos hablando de personas que estuvieron en la cárcel durante muchos años, con penas que iban de los 10 hasta los 30 años, y en condiciones muy críticas.

Una vez en España se prometió una integración gradual en la sociedad española, por medio de cursos de formación  y gracias a la homologación de los títulos conseguidos en su propio país. La duración del convenio tenía que ser de un mínimo de 1 año, prorrogable para 6 meses hasta un máximo de 5 años. Los 115 llegados, dispersados por 8 provincias de España, hubieran tenido que permanecer en espacios de acogida por un máximo de 10 días, plazo que se prolongó en casi todos los casos.

A los 12 meses se acabaron las ayudas por medio del estado, y las esperanzas de poder empezar una nueva vida se convirtieron poco a poco en una quimera y un engaño. Los presos accedieron al programa FER (Fondo Europeo para los Refugiados), el programa plurianual 2008-2013 que cada año financia proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones de acogida y acceso a los procedimientos de asilo para las personas reconocidas como refugiadas o apátridas. Un total de 628 millones de euros que la Unión Europea ha reservado para el Fondo entres sus Estados miembros. En 2011, con el cambio de gobierno y la llegada al poder de Mariano Rajoy, las ONG que gestionaban el programa, dejaron de recibir las subvenciones para estos presos.

Douglas y Osbel, dos de los presos, me reciben para contar su historia,  y para “no pedir, sino exigir” que se cumpla el convenio y se encuentre una solución positiva de forma que las 40 personas que todavía no han conseguido acceder plenamente al convenio puedan empezar a vivir dignamente. Ellos denuncian que el dinero destinado para ellos de repente desapareció. Entregado por el FER al Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, y destinado a las tres ONG – Cear, Accem y Cruz Roja – que acudieron al programa, el dinero nunca llegó a los destinatarios y nunca fue utilizado para cumplir las obligaciones que el estado español tenía una vez firmado el convenio. Los presos temen que el dinero desaparecido esté de alguna forma relacionado con la acción judicial que en agosto de 2012 llevó a la confisca de cuentas bancarias y bienes relacionados con las ONG. Osbel me invita a leer el periódico “Levante” que el 7 agosto de 2012 sacó un artículo sobre este tema.

Las 10 personas que llevan más de 400 días viviendo abandonados en el centro de Madrid – entre ellas la esposa de Douglas, embarazada de 4 meses, y Carlos, que durante su permanencia viviendo en la calle, ya padeció 3 infartos – piden que se saque a la luz el convenio, y que se cumpla lo que les prometió el cardenal Ortega que les convenció a dejar Cuba. Ellos tienen miedo de que se haya tratado de una “telaraña” elaborada por el gobierno cubano, una forma de exiliarlos sin darles  ninguna posibilidad de regresar a la isla. A ellos no les queda otra que seguir luchando, no tienen otra alternativa. Ellos piden que “o se cumpla el convenio o que les dejen viajar a un tercer país”. En todos los otros países el proyecto ha funcionado. Todos los otros refugiados en otros países han encontrado trabajo y viven de forma adecuada. El único fracaso ha sido aquí en España, y Osbel se siente como “un muerto ambulante sin valor”, que no quiere vivir de ayuda de la gente, sino recibir lo que le han prometido para poder recomenzar a vivir una vida normal con su familia.

Además, la cosa que le parece más grave, es que después de dos años en España, ellos todavía no tengan la tarjeta sanitaria. Y el permiso de trabajo lo recibieron solo después de 7 meses de estancia en España. Osabel, recién llegado a España, gracias a un amigo consiguió encontrar trabajo cerca de Valencia, pero tuvo que dejarlo porque no consiguió arreglar a tiempo sus papeles, y fue finalmente despedido por su jefe que tuvo miedo de seguir dando trabajo a una persona que no tenía los papeles en regla.

Ahora que viven en la calle, consiguen procurarse lo mínimo indispensable ayudando a limpiar y fregar en los bares cercanos a la Plaza Mayor, al horario de cierre, y recibiendo a cambio la comida de sobra. Las donaciones de la gente y de los turistas que se paran delante de su carpa, intrigados por ver una “isla cubana” en el centro de Madrid, llena de carteles que cuentan a la gente las recriminaciones de esta gente, es la única forma de subsistencia de todos ellos. En verdad – sigue contando Douglas – es la solidaridad de los españoles una de las formas de ayuda más importante que les permite a seguir adelante. Cuando le pregunto si está cansado, casi se enfada: “Nunca – me dice – me cansaré de luchar por mis derechos. Pero esto sí, quiero vivir una vida mejor, quiero dar más estabilidad y seguridad a mi familia”.

El tema de la seguridad es otro problema que les preocupa. Douglas no tiene miedo de acusar a la policía municipal de Madrid de haberlos amenazado en varias ocasiones,  por medio de varios policías vestidos de civil, que se acercaron a ellos en el pasado amenazándolos si no desmontaban la carpa para marcharse. Y recuerda bien las amenazas tanto por parte de grupos radicales de izquierda como de derecha que en varias ocasiones les han agredido por la noche, hiriendo a algunos de ellos. Y solo la determinación y la desesperación de ellos permitió evitar que el hijo menor de uno de los componentes del grupo, fuera quitado con la fuerza a su familia, visto que la ley no permite que los menores de edad vivan en la calle.

Me despido de ellos empeñándome en investigar más sobre esta triste historia. Al día siguiente me pongo en contacto con M.J.M., una de las responsables de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el Fondo Europeo para los Refugiados. Cuando le pido más información sobre el FER, ella me contesta de forma muy amable y queda a disposición para cualquier tipo de consulta. No le hablo del “caso cubano”, pero le digo que me acercaré a su despacho de Madrid para hablar cara a cara con ella. Me dice que puedo pasar cuando quiera. Una mañana me presento a la puerta de su despacho, en la sede de la Secretaría General en la Calle José Abascal 39 de Madrid, y le pido más información y aclaraciones sobre lo que ha pasado con los cubanos. Su rostro cambia, ya no está dispuesta a hablar como antes.